En jaque la libertad de expresión

Por Marcel Gaete Parraguez. 
Consejero Nacional Colegio de Periodistas de Chile. 

Durante los últimos meses tenemos a un país como Chile que se ha debido acostumbrar o adaptar a los cambios del plan Paso a Paso que lleva adelante el Gobierno a propósito de la pandemia del Covid 19, es un tema que se ha justificado desde lo sanitario y son muchos los que sí efectivamente intentan respetar y cumplir con lo que se pide.

Pero a lo anterior, trae aparejado una serie de restricciones a la movilidad, y limitaciones a la libertad para desarrollar coberturas a los periodistas, comunicadores, y reporteros gráficos o audiovisualistas para que puedan desarrollar una misión primordial para un país que se dice creer en la democracia y libertad de expresión. Tópicos que se han ratificado por organismos internacionales en diversos acuerdos y tratados de los cuales nuestro país es parte.

Según las cifras aportadas por el Observatorio por el Derecho a la Comunicación, en el primer trimestre de 2021, se ven antecedentes alarmantes.  Entre enero y marzo de 2021 se contabilizan 60 casos: 22 detenciones y 38 agresiones. Las cifras del primer trimestre muestran una preocupante tendencia en el aumento de los ataques a la prensa por parte de fuerzas de orden público respecto del año anterior. En tan solo tres meses se han superado el 50% de la cifra de registro de todo el año anterior, lo que refleja una tendencia negativa hacia los profesionales de la prensa que tienen la importante misión de dar a conocer lo que pasa en un territorio.

Sin ir más lejos hace algunos días, se restringió en el Plan Paso a Paso las disposiciones para periodistas y se les exige ahora (de acuerdo al instructivo) tener una credencial del Colegio de Periodistas y portar el certificado de título que acredite la condición, lo que deja excluidos a muchos que no lo poseen, si consideramos que estamos ad portas de un proceso eleccionario en mayo próximo y también en noviembre, donde se debe informar y no dejar dudas de que será un proceso transparente que de garantías a todos.

Se pueden visualizar en el último periodo hechos como los que afectaron al equipo de prensa de Televisión Nacional de Chile en la provincia de Arauco; además de las amenazas que tuvo una colega de diario La Tercera en febrero pasado; el amedrentamiento en la región de Coquimbo a un tesista, por investigar los desastres ambientales provocados por la gran minería; el ataque informático al medio electrónico Interferencia, por sus reportajes de la serie “Narcos Chile”; solo por mencionar a los más conocidos.

En lo que tiene que ver con restricciones a la prensa, están el instructivo del Minsal a los directores de hospitales para que no entreguen declaraciones a la prensa, hecho muy delicado, si consideramos la situación sanitaria en la que se encuentra el país. En una crisis, resulta fundamental tener acceso a la información de manera transparente, para dejar a un lado los rumores o fake news.

Otro tema que no pasó inadvertido y es del todo cuestionable, el llamado que hubo desde el segundo piso de La Moneda hacia el editor del canal La Red, haciéndoles ver su molestia por algunas entrevistas y temas tratados, lo que es a todas luces, una clara intervención en la línea editorial.

A lo antes mencionado, como si fuera poco, se suma lo vivido por el periodista Mauricio Weibel, quien fue víctima de espionaje por agentes del Estado, que ha salido a la luz estas semanas- pero vinculándolo con otros casos de índole similar ocurridos durante al menos los últimos diez años en el país.

Y si vamos un poco más atrás en el tiempo, el año 2017 estuvo lo que ocurrió con objeto de la Operación Huracán, donde se vieron intervenidos Radio Bio Bio, El Ciudadano, The Clinic; Mapuexpress.org; y Werken.cl; hecho que fue conocido por la ciudadanía, y que tenían relación con la compra de 29 jeeps blindados a la empresa Gildemeister o temas relativos al hostigamiento a comunidades mapuches. La Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE), con sede en Temuco, recogió información sobre publicaciones realizadas por estos periodistas, incluyendo la ubicación de dónde desarrollaban sus actividades y datos como su teléfono y correo electrónico de uso personal. En el caso del editor del portal informativo Werken.cl, se incluyeron la clave de acceso a su correo electrónico así como pantallazos de supuestas conversaciones realizadas a través de la aplicación WhatsApp que habría mantenido con líderes mapuches.

Es así como podemos constatar la existencia de hechos que se vienen dando desde hace un periodo prolongado y que se han visto incrementadas desde el estallido social a la fecha y es justamente un rol activo de la ciudadanía la que debe denunciar y evitar que esto siga ocurriendo.

Ahora bien, es importante que los candidatos Constitucionales lo tengan claro, pues es trascendental el respeto irrestricto por los Derechos Humanos y que el rol informativo se cumpla bajo cualquier Gobierno. Esa es una de las formas de profundizar la democracia y seguir liderando ciertos rankings que a veces aparecen en los medios nacionales; porque cuidar al periodismo es proteger a las comunidades que pueden volver a confiar en algún momento en sus instituciones, porque ahora ese camino se ve complejo si es que no se dan las señales correctas y se termina con la impunidad que vemos en el último tiempo.