Human Rights Watch acusa «graves violaciones a los DD.HH.» por parte de carabineros y llama a reformar de manera urgente la institución
Entre las principales recomendaciones, el organismo pidió a Carabineros «suspender cualquier uso de perdigones» -no solo durante protestas— y «reforzar el entrenamiento de todos los uniformados relacionado con armas menos letales».
Un llamado urgente a reformar a Carabineros realizó Human Rights Watch tras constatar que miembros de la policía nacional de Chile cometieron “graves violaciones a los DD.HH.” –que incluyen “uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, transeúntes y graves abusos en las detenciones”- desde el estallido social que comenzó el 18 de octubre.
El organismo se reunió con el Presidente Sebastián Piñera el pasado 26 de noviembre para entregarle el informe que incluye recomendaciones orientadas a prevenir abusos por parte de los uniformados y para fortalecer los mecanismos de supervisión. Desde que comenzaron las manifestaciones, y hasta el 21 de noviembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó ante el Ministerio Público 442 querellas en representación de víctimas de presuntas lesiones, tratos crueles, torturas, abusos sexuales, homicidios y tentativas de homicidios atribuibles a fuerzas de seguridad.
“Hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales, que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Reformas recomendadas por Human Rigths Watch
Entre las principales recomendaciones, Human Rights Watch llamó a Carabineros a “suspender cualquier uso de perdigones —no solo durante manifestaciones— hasta que autoridades idóneas e independientes realicen un estudio adecuado de todos sus riesgos” y a “estudiar el uso de equipos menos letales alternativos que minimicen las lesiones“.
El organismo también llamó a “asegurar que existan mecanismos internos de control para investigar y sancionar abusos y el uso indebido de armas menos letales” y “reformar el sistema de disciplina para que las decisiones las adopte una autoridad que no esté en la cadena directa de mando de la persona implicada, y cerciorarse de que el personal que trabaja en asuntos internos no tenga que trabajar con aquellos a quienes ha investigado o sancionado, ni quedar subordinado a ellos”.
Respecto al control preventivo de identidad, pidió “revisar las facultades de detención por control de identidad de los carabineros para que haya garantías contra el uso arbitrario de la facultad de interceptar y detener personas y que haya rendición de cuentas por su uso”.
En esta línea, recomendó “adoptar un protocolo junto con las autoridades de salud para que los detenidos sean sometidos a revisiones forenses independientes, que no se realicen frente a carabineros y ocurran a una distancia en la que no puedan ser escuchados”.
Otro de los llamados fue a “hacer cumplir la prohibición vigente sobre desnudamiento de detenidos en protestas y sancionar a aquellos que continúen con esta práctica” y a “instalar cámaras en todas las áreas de todas las comisarías, tomando medidas para garantizar la privacidad de los detenidos, y establecer un sistema de almacenamiento de grabaciones que pueda ser empleado por autoridades judiciales o de otro tipo”.
Human Rights Watch también recomendó “reforzar el entrenamiento de todos los carabineros relacionado con armas menos letales para el control de manifestaciones, incluidas las Fuerzas Especiales, entre otras” y “cerciorarse de que los carabineros cuenten con equipos de protección adecuados, tiempo de descanso y remuneración de horas extra”.
Por último, el reporte consigna que Además, “el Ministerio Público y la Defensoría Pública deberían monitorear de cerca y regularmente el papel de Carabineros, por ejemplo, instruyéndoles a fiscales y defensores que inspeccionen periódicamente las comisarías y entrevisten a los detenidos”.
Los detalles del reporte
Uso indiscriminado e indebido de armas de fuego
Desde el 18 de octubre, al menos 1.015 personas resultaron heridas por impacto de perdigones disparados por carabineros en el contexto de las protestas contra el gobierno. Según el INDH,
estas heridas afectaron tanto la parte superior como inferior del cuerpo. Entre las heridas más graves se incluyen las lesiones oculares. En el Hospital Del Salvador, donde se ha atendido a la gran mayoría de los heridos, al 19 de noviembre el 77 % de las lesiones oculares habían sido causadas por perdigones, conforme indicó a Human Rights Watch el Ministerio de Salud. La segunda causa más frecuente fueron impactos de cartuchos de gases lacrimógenos.
Carabineros dijeron a Human Rights Watch que se les indica usar el arma a una distancia mínima de 30 metros y apuntar a la zona entre la rodilla y el tobillo, para evitar afectar áreas vitales de la parte superior del cuerpo. Sin embargo, a más de 45 metros, disparan en línea recta para asegurase de que los perdigones alcancen a los manifestantes, indicó un capitán del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), la fuerza de élite. Pero “las escopetas antidisturbios no tienen mira y, por ende, cada agente debe estimar la distancia de disparo en circunstancias que, por lo general, son estresantes y caóticas”.
Las autoridades de Carabineros admiten que el uso de un arma con tan poca precisión conlleva un “alto riesgo”. “No es un arma para hacer puntería”, expresó el general Rozas. El general Jorge Ávila, jefe de las Fuerzas Especiales, indicó que “el que la usa no controla la trayectoria de los perdigones”. Debido a los diversos factores que afectan la trayectoria de los perdigones, incluso “cuando los carabineros disparan hacia las extremidades inferiores, es casi imposible cerciorarse de que los perdigones no impacten en la parte superior del cuerpo, lo cual eleva el riesgo de lesiones graves o posiblemente letales”.
Sin embargo, “los altos mandos de Carabineros no parecen haber transmitido ese riesgo a los agentes rasos“, consigna el reporte. Human Rights Watch entrevistó a tres carabineros que minimizaron el daño que podían provocar los perdigones. Un capitán expresó que es “muy difícil que un perdigón atraviese la ropa, incluso si (se dispara) de muy cerca”, y un cabo señaló que era “imposible (que los perdigones causen) daño ocular grave”.
El reporte relata que la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile publicó un informe el 18 de noviembre tras una investigación que concluyó que los perdigones estaban compuestos en un 80% por sílice, sulfato de bario y plomo, y un 20 % de caucho. “En una escala de rigidez, tienen el mismo grado de dureza que la rueda de un carro de supermercado. Otro estudio realizado por peritos médicos del Hospital Carlos Van Buren llegó a conclusiones similares tras analizar perdigones extraídos de pacientes”.
El 19 de noviembre, luego de que se difundiera el informe universitario, Carabineros suspendió el uso de estas escopetas antidisturbios durante protestas, hasta tanto concluyera un análisis
externo de la composición de los perdigones. Se indicó que sólo podrán usarse “como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa, cuando haya un peligro inminente de
muerte”. No obstante, asegura Human Rights, “incluso en esas circunstancias extremas, debido a la falta de precisión de las escopetas antidisturbios, los carabineros no pueden asegurarse de que únicamente impacten en el blanco”.
Otras lesiones causadas por Carabineros
El reporte de Human Rights Watch también revela “los carabineros también necesitan entrenamiento especial y una certificación anual para usar el arma antidisturbios de 37mm que lanza cartuchos de gas lacrimógeno”. Se les indica que deben disparar hacia el cielo, para que la trayectoria del proyectil tenga un arco descendiente y caiga en el suelo detrás de la multitud, expresó un capitán de GOPE. No obstante, hubo señalamientos creíbles, asegura el organismo, “de que carabineros han disparado cartuchos de gases lacrimógenos directamente hacia los manifestantes, lo cual puede ser letal”.
El documento, también consigna que “carabineros también parecen haber disparado cartuchos llamados “bean bag”, una pequeña bolsa de tela que contiene perdigones de plomo, contra manifestantes. Están diseñados para ser disparados a las extremidades con el fin de reducir la posibilidad de lesiones. Sin embargo, ha habido al menos un caso en que la persona alcanzada por estas municiones en una manifestación sufrió heridas graves”.
Maltratos, abuso sexual y torturas durante la detención
Desde el inicio de las manifestaciones hasta el 21 de noviembre, el INDH presentó 442 querellas ante el Ministerio Público en representación de víctimas de presuntas lesiones provocadas por
carabineros, tratos crueles, torturas, violencia sexual, tentativa de homicidios y homicidios. Desde que empezaron las protestas, el INDH ha presentado 341 denuncias vinculadas con
señalamientos de tortura y tratos inhumanos y 74 relacionadas con abusos sexuales.
Según consigna el reporte, una de las denuncias más comunes fue que los detenidos, incluidos niños, eran obligados a desvestirse y hacer sentadillas desnudos en comisarías. Los protocolos de Carabineros prohíben expresamente esa práctica, sin excepciones. Sin embargo, varios agentes indicaron a Human Rights Watch que “está permitida cuando se sospecha que la persona detenida puede llevar droga o algún arma oculta en cavidades corporales”.
“Lo cierto es que hay carabineros que han ordenado el desnudamiento de personas en un contexto que sugiere discriminación contra mujeres y niñas y no se advierte que hayan tenido siquiera la creencia equivocada de que estas personas estuvieran intentando ingresar objetos de contrabando al lugar de detención. Según datos del INDH, es más probable que los carabineros obliguen a mujeres y niñas a desvestirse que a hombres”.
El reporte también consigna el testimonio de una abogada chilena de derechos humanos que relató un un caso “en donde, a pesar de que hombres y mujeres habían sido detenidos en las mismas circunstancias, carabineros obligaron a desvestirse únicamente a las mujeres. A su vez, mencionó otros casos en que carabineros tocaron los genitales de las mujeres tras obligarlas a quitarse la ropa. El INDH también documentó casos de amenazas de violación sexual, así como la violación sexual de cuatro hombres”.
Durante la investigación, varias personas que afirmaron haber sufrido abusos durante la detención, como que los agentes no llevaban placas con su nombre.
Las condiciones en las que los detenidos lesionados reciben atención médica son también preocupantes. Diversos carabineros indicaron que la ley les exige preguntarles a los detenidos si tienen lesiones y trasladar a los que digan que sí a centros médicos cercanos. Allí, se supone que los médicos hacen una evaluación independiente de las lesiones en un informe que puede usarse
en un proceso judicial. No obstante, los carabineros reconocieron que a menudo la revisión se realiza en cubículos sin suficiente privacidad. A su vez, los carabineros admitieron que a veces el mismo carabinero que realiza el arresto —y que podría haber maltratado al detenido— es quien lo lleva al centro médico para su revisión.
En tanto, la Defensoría de la Niñez ha recabado información sobre 327 casos de posibles violaciones de derechos de niños y niñas cometidas durante las manifestaciones entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre: 118 presentaban lesiones físicas vinculadas con golpizas y 59 tenían lesiones causadas por perdigones y balas.
Por ejemplo, en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública (ex Posta Central), el mayor centro médico cerca del lugar donde se produjeron las manifestaciones más multitudinarias en Santiago, el personal médico señaló a Human Rights que a menudo los carabineros intentaban observar los exámenes periciales y se resistían cuando los médicos les decían que se alejaran.
Insuficiente rendición de cuentas internas
Según consigna el reporte, los carabineros cuentan con un procedimiento disciplinario interno que prevé sanciones administrativas para aquellos que cometan abusos, incluida la expulsión de la fuerza, pero “el sistema carece de independencia y transparencia”. Esto porque “las posibles irregularidades son investigadas por una subdirección de asuntos internos integrada por cerca de 400 personas”, indicó el Contralor General.
No obstante, los investigadores de asuntos internos pueden ser trasladados a otros sectores de Carabineros y terminar trabajando junto a los mismos agentes a quienes antes investigaron, o incluso podrían quedar subordinados a ellos. Una vez que se investiga una irregularidad, los resultados se envían a “fiscalías administrativas”, a cargo de coroneles. Estos coroneles no siempre cuentan con formación de abogados, señaló el contralor.
Por lo general, trabajan en esa función unos tres a cinco años, y luego son transferidos a otras funciones dentro de Carabineros. Los coroneles emiten una recomendación de medida disciplinaria, pero la decisión final la toma el superior inmediato del carabinero que está siendo investigado.
La Presidencia de Chile indicó a Human Rights Watch que, al 19 de noviembre, había 273 casos administrativos en trámite contra carabineros por incidentes relacionados con las protestas, y otros 73 casos eran objeto de investigación preliminar. Human Rights Watch no pudo encontrar información pública sobre estas u otras investigaciones de asuntos internos, ni sobre su resultado.
Condiciones de trabajo extenuantes de carabineros
Las manifestaciones han obligado a muchos carabineros a trabajar turnos mucho más prolongados de lo normal —jornadas de hasta 16 horas, en vez de 8— sin tomar días de descanso
ni remuneración por horas extra, explicaron comandantes de carabineros a Human Rights Watch. La institución movilizó a 20.000 de los 60.000 miembros de la fuerza para responder a manifestaciones en todo el país, indicó el general Rozas. De estos, apenas 1400 son miembros de las Fuerzas Especiales, la unidad que está preparada para estas tareas.
Sin embargo, ante la magnitud de las manifestaciones, las autoridades movilizaron incluso a agentes que hacen tareas administrativas, tras recibir una capacitación de apenas un día, contaron varios carabineros.
El reporte también consigna que “en las calles, los carabineros se toparon con decenas de miles de manifestantes, pero también con grupos que provocaron disturbios extremadamente violentos. Entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre, 1.896 carabineros resultaron lesionados en el contexto de las manifestaciones, indicaron autoridades de Carabineros”.
Según datos oficiales, 127 sufrieron lesiones graves, incluidos cinco que perdieron parcial o totalmente la visión. Al menos dos sufrieron quemaduras por efectos de cócteles Molotov y otros sufrieron fracturas, indicó el médico Alberto Naranjo, jefe de urgencias del Hospital de Carabineros en Santiago.
Estándares del uso de la fuerza
El documento constata que “el apego riguroso a los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza es un elemento esencial para respetar los derechos a la vida y a la integridad física” y agrega que “un protocolo de Carabineros sobre uso de la fuerza (Circular 1.832) exige que su empleo sea proporcional a la amenaza que represente una persona o un grupo, o al delito que esté por cometerse”.
El organismo asegura que “aunque el uso del gas lacrimógeno en general no constituye un arma letal, puede causar graves problemas de salud a las personas expuestas, incluso si se usa limitadamente. Como método antidisturbios, el gas lacrimógeno solo debería usarse cuando resulte necesario como respuesta proporcionada para contener la violencia. No debería usarse en espacios cerrados y los cartuchos no deberían dispararse apuntando de manera directa hacia personas, así como tampoco a quemarropa. En este sentido, se insiste que “las fuerzas de seguridad deberían dar la alerta antes de lanzarlos”.
“Los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el “empleo de la fuerza y de armas de fuego por los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” exigen que las autoridades informen e investiguen oportunamente todos los incidentes en los cuales agentes de seguridad pública maten o lesionen a personas con armas de fuego, a través de un proceso administrativo o penal independiente”.
